Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas

Documento de antecedentes

Cada vez se reconoce más que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. En todas partes del mundo, sus consecuencias reales y perjudiciales para las mujeres y las niñas constituyen impedimentos para el logro de la igualdad de género, el desarrollo y la paz. Juntas, la comunidad y la sociedad civil internacionales han llegado a la conclusión de que no existen circunstancias que justifiquen la violencia contra las mujeres y las niñas: es siempre una violación de sus derechos humanos, es siempre un delito y es siempre inaceptable.

Con demasiada frecuencia los autores de la violencia contra las mujeres y las niñas no son castigados. Esta impunidad, considerada por muchos tan común y tan inaceptable como la violencia misma, es uno de los elementos clave que perpetúan esa violencia y discriminación. En tanto la sociedad acepte y tolere la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas, también seguirá aceptando y tolerando los actos de violencia.

Sin embargo, a pesar de que se es cada vez más conciente de la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres y las niñas, sus dimensiones, formas, consecuencias y costos, tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto, todavía no se ha materializado la voluntad política de poner fin a la cultura de la impunidad y de evitar y afrontar la violencia contra las mujeres y las niñas.

El derecho a una vida sin violencia

El reconocimiento específico del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es relativamente reciente. Históricamente, la lucha de las mujeres contra la violencia, incluida la impunidad que suele proteger a quienes la cometen, ha guardado estrecha relación con su lucha por superar la discriminación. A medida que se fueron elaborando normas para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, también se realizaron muchos progresos en las normas mundiales dentro del propio sistema de las Naciones Unidas.

Fueron los esfuerzos de las mujeres que llevaron en 1979 a la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el principal instrumento internacional de derechos humanos para la mujer y la niña. En el primer párrafo de la Convención se recuerda que la Carta de las Naciones Unidas “... reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres ...”. Más adelante se define la discriminación contra la mujer como “... toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por resultado ... menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer ... sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales ...”. La Convención, al igual que muchos otros instrumentos jurídicos y documentos negociados de conferencias internacionales, consagra el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.

Con arreglo a lo establecido en numerosos acuerdos internacionales, los Estados tienen la obligación reconocida de respetar, proteger, promover y satisfacer los derechos humanos. El hecho fundamental de reconocer que los derechos de la mujer son derechos humanos extendió la responsabilidad del Estado de proteger a las mujeres y las niñas de la violencia contra ellas, que constituye un acto de discriminación y una violación de sus derechos humanos. Por consiguiente, las mujeres y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia.

La violencia contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en la desigualdad y la discriminación contra ellas, tanto en la esfera privada como en la pública. En las principales conferencias celebradas en 1975, 1980, 1985 y 1995, las Naciones Unidas reunieron a las naciones del mundo a efectos de examinar estrategias y políticas para lograr la igualdad para las mujeres y las niñas, y para poner fin a la violencia contra ellas. En la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas aprobada por las Naciones Unidas en 1993, la violencia contra la mujer se define como “... una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre ...”. Ese mismo año, en la Declaración y el Programa de Acción de Viena se afirmaba la universalidad de los derechos de la mujer como derechos humanos y se instaba a la eliminación de la violencia por motivos de género.

Estos procesos desembocaron en la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing, que constituye un plan mundial para lograr la igualdad de género. La Plataforma de Beijing reitera que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de sus derechos humanos y les impide gozar plenamente de sus libertades fundamentales. Una de las estrategias principales de la Plataforma es movilizar a los gobiernos nacionales y locales, así como a la sociedad civil, para poner fin a la impunidad.

En el marco de las Naciones Unidas, los gobiernos siguen prestando atención a la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la seguridad, aprobada en el año 2000, colocó la cuestión de la violencia sexual y la violencia por razón de género en los conflictos armados y después de ellos, y la importancia de proteger a las mujeres y las niñas en esas circunstancias, en el centro del debate mundial sobre la paz y la seguridad.

Los líderes mundiales reunidos en la Cumbre Mundial 2005 reafirmaron su convicción de que el progreso de la mujer es el progreso de todos, y reconocieron la importancia de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la impunidad.

Estos marcos internacionales jurídicos y normativos, así como los marcos regionales y nacionales conexos, reafirman que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de sus derechos humanos, cuya raíz se encuentra en la discriminación. Estos marcos proporcionan una base sólida, con instrumentos para que los Estados protejan los derechos de la mujer y de la niña y erradiquen no sólo la violencia sino también la discriminación en que se basa. Además, reafirman que los Estados tienen el deber de prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, investigar los actos cuando ocurran, enjuiciar y castigar a quienes los cometan y ofrecer compensaciones a las víctimas.

Impunidad: el desafío de cómo romper el ciclo

La aceptación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ya sea explícita o tácitamente, crea una cultura de impunidad que perpetúa esa violencia. Un Estado que no hace responsables a los autores de la violencia contribuye a la cultura de la impunidad en que se niega justicia y se profundizan las raíces de la desigualdad de género. Los abusos continúan, la violencia contra las mujeres y las niñas se normaliza y se acepta, y se refuerza la desigualdad, lo que crea un ciclo vicioso.

Las leyes y políticas discriminatorias son uno de los factores que contribuyen a la cultura de la impunidad. Algunas leyes no tipifican como delitos plenos todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Algunas definiciones de violación se basan en el uso de la fuerza y no en la falta de consentimiento de la víctima. La violación puede considerarse aceptable en el marco del matrimonio y las normas en materia de violencia doméstica pueden ser demasiado restrictivas y referirse sólo a la violencia física.

Las normas que consideran la violencia sexual como un delito contra la familia o contra el pudor en vez de violaciones del derecho de la mujer a la integridad física también contribuyen a la cultura de la impunidad. Las condenas de los autores de violencia sexual pueden verse reducidas por motivos que nada tienen que ver con la protección de los derechos de la mujer o de su integridad física. Un violador que acepte casarse con su víctima puede ser tratado con indulgencia. Un familiar culpable de violencia, incluso homicidio, también puede ser tratado con indulgencia si el homicidio fue cometido en nombre del “honor”. Los Estados también pueden contribuir a la impunidad si no hacen cumplir las normas, aunque éstas sean apropiadas.

Para cumplir plenamente su obligación de proteger los derechos de las mujeres y las niñas, los Estados no deben limitarse a promulgar leyes que tipifiquen todas las formas de violencia contra la mujer. Deben hacer más que hacer cumplir esas leyes. Para que las nuevas normas cobren vida, los Estados deben afrontar directamente las actitudes y los prejuicios que promueven la cultura de la impunidad.

Varios Estados han logrado progresos significativos en su labor por prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como por responder a ella, y su labor ha permitido determinar prácticas buenas y promisorias. Entre ellas, cabe mencionar la aplicación de políticas y leyes claras con mecanismos de cumplimiento fuertes, y la colaboración estrecha con la sociedad en su conjunto para establecer procesos eficaces que trasciendan todos los sectores de gobernanza. Los planes de acción nacionales que parecen funcionar mejor abarcan un conjunto extenso de medidas y agentes, desde establecer reformas jurídicas y estrategias de prevención, como hacer que la educación sea más accesible a las niñas y lograr el apoyo de los hombres y los niños, hasta asegurar un cumplimiento de la ley y tribunales más seguros y equitativos, así como servicios de apoyo a las víctimas de mayor calidad.

Lograr una justicia segura y accesible

Ha surgido consenso internacional con respecto a cómo encarar mejor la violencia contra la mujer y la niña, tal como se refleja en los instrumentos y acuerdos que componen el marco jurídico y normativo actual. No se puede poner fin a la impunidad de la violencia contra la mujer y la niña hasta que las víctimas no tengan más acceso a la justicia, y el proceso de reclamar justicia sea más seguro. Los Estados deben adoptar medidas para proteger a las víctimas y resguardar su intimidad, cuando denuncian actos de violencia y durante los procedimientos judiciales. También deberían adoptar medidas para facilitar el enjuiciamiento de los delitos de violencia doméstica. Por último, los culpables de delitos sexuales deben recibir los castigos apropiados.

Los procesos de investigación y denuncia, incluidas las reglas de procedimiento y pruebas, deben ser de carácter no discriminatorio, y se debería proporcionar asistencia financiera a quienes la soliciten para obtener representación jurídica. Todos los interesados, incluidas las propias mujeres y niñas, deberían recibir educación sobre su derecho a no ser víctimas de violencia y discriminación.

Deberían existir servicios de apoyo coordinados, de diversos sectores, como líneas directas, refugios y centros de crisis, incluidos centros de apoyo a las víctimas con servicios médicos y psicológicos, y esos servicios deberían recibir los recursos adecuados.

Las actitudes también deben cambiar. Las campañas para crear conciencia pueden incrementar la sensibilidad del público sobre las vulnerabilidades de la mujer y la niña frente a la violencia. Los debates públicos sobre la violencia, especialmente con hombres y niños, pueden ayudar a promover el reconocimiento de que la violencia es una violación de los derechos de la mujer y la niña. Este reconocimiento puede llevar a un compromiso más amplio para asegurar que la responsabilidad frente a la violencia contra la mujer reciba atención prioritaria y se ponga fin a la impunidad.

Se necesitan medidas en todo los niveles, de todos los sectores

A pesar de las numerosas iniciativas emprendidas por los Estados, los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas y la sociedad civil, la lucha contra la violencia y la impunidad sobre el terreno no ha avanzado lo suficiente ni ha sido consistente en todo el mundo. La violencia contra las mujeres y las niñas no puede eliminarse si no se dispone de los recursos adecuados ni existe la voluntad política de lograr un cambio. La eliminación de la violencia debe considerarse una prioridad en todos los niveles – local, nacional, regional e internacional – y el compromiso debe demostrarse en los niveles más altos por medio de recursos adecuados y esfuerzos decididos.

La eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas no es responsabilidad únicamente del Estado sino que se extiende a todos. Hará falta tomar medidas urgentes, en todos los niveles, colectiva e individualmente, para asegurar la igualdad de género de las mujeres y las niñas, y para poner fin a la autocomplacencia que suele acompañar esta violencia en la esfera privada y que permiten considerarla socialmente aceptable o inevitable. Es necesario apoyar y mantener un entorno político y social en que no se tolere la violencia contra la mujer y la niña, un entorno en que los amigos, los familiares y los vecinos, hombres y mujeres juntos, intervengan para asegurar que ningún culpable quede sin castigar.