Seminario-taller regional de fortalecimiento de capacidad y desarrollo institucional para la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad

Título:

Seminario - Taller Regional de fortalecimiento de capacidad y desarrollo institucional sobre liderazgo y normas uniformes sobre discapacidad (Diciembre -5 2001)
RLA/01/H33/005

Lugar:

Cartagena, Colombia

Agencia Ejecutora:

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales con apoyo a la División de Política Social y Desarrollo

Agencia que implementa:

CEPAL, Oficina Bogotá

Agencias Cooperadoras:

División de Desarrollo y Política Social de la Secretaria de las Naciones Unidas, Consejería Presidencial para la Política Social y Ministerio de Trabajo (República de Colombia) en cooperación con el Grupo Latinoamericano para la Participación, la Integración y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (GLARP-IIPD), Fundación Teletón y Fundación REI

RESUMEN

Las Fundaciones GLARP-IIPD, TELETÓN y REI, como organizaciones no gubernamentales, en coordinación con la Consejería Presidencial para la Política Social y El Ministerio de Trabajo de la República de Colombia, como entidades gubernamentales del orden nacional, organizaron el V Congreso Nacional y el IV Foro Internacional: Discapacidad Siglo XXI, Construyamos Oportunidades para Todos, del 3 al 6 de diciembre de 2001 en Cartagena, Colombia.

Los temas relacionados con discapacidad y política pública, Normas Uniformes y participación de personas con discapacidad en el mercado laboral, fueron el eje transversal del contenido científico técnico del evento. El Congreso y el Foro se desarrollaron en Plenarias y a través de grupos de trabajo por temas de interés.

De forma paralela, en el marco del Congreso y del Foro, se organizó un seminario sobre Liderazgo y Participación de Personas con Discapacidad, y un Taller sobre Normas Internacionales referidas a la Discapacidad, auspiciado por la División de Desarrollo y Política Social de la Secretaria de las Naciones Unidas, con fondos de Cuenta para el Desarrollo, Proyecto 00/01H, correspondiente al "fomento de la capacidad y el desarrollo institucional para promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad." El eje central del seminario fue la presentación del conjunto de normas y estándares internacionales relacionados con la discapacidad, sus posibilidades de utilización en el ámbito interno, y el papel que ejercen las organizaciones de personas con discapacidad para promover y defender sus derechos. Se brindó especial atención a las Normas Uniformes para la Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad¹ y a la Convención Interamericana para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.² Se alentó a los participantes a emplear las normas internacionales como estándar para revisar su legislación y políticas nacionales relativas a la discapacidad.

De manera transversal, en el seminario – taller se prestó especial atención a los aspectos de género, teniendo en cuenta que la información disponible sugiere que las mujeres con discapacidad a menudo no tienen un acceso equitativo a la información sobre sus derechos básicos; de igual manera se procuró brindar los apoyos y asistencia individual requerida por cada una de las personas con discapacidad que participaban en el evento, siempre y cuando ellas manifestaran que lo deseaban.

El Seminario-Taller reunió a 25 participantes, entre personas con discapacidad líderes de movimientos asociativos y defensores del tema de Discapacidad, en representación de 13 países latinoamericanos; (13 mujeres y 13 hombres, de los cuales, 17son personas con discapacidad--7 mujeres, 10 hombres--y 8 representan organizaciones para discapacidad--6 mujeres y 2 hombres). Dicho Seminario-Taller le brindo a los participantes un espacio propicio para el análisis e intercambio de experiencias nacionales representativas de los países presentes, en la construcción de capacidades y el fortalecimiento institucional para la implementación de normativas tendientes a garantizar la equiparación de oportunidades para la participación de las personas con discapacidad en la vida de sus comunidades. De igual manera, se revisaron los principios y requisitos básicos para la formulación de un marco estratégico tendiente a promover la participación de las personas con discapacidad, en un marco de equidad.

Los marcos normativos internacionales para el diseño y evaluación de legislación, políticas y estrategias de sensibilización hacia los temas de discapacidad y género que sirvieron de marco de referencia para los aspectos abordados incluyeron: la Declaración Universal de los Derechos Humanos³, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁴ y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁵; así como instrumentos internacionales relacionados específicamente con discapacidad, con énfasis en: el Programa Mundial de Acción para los Impedidos (1982),⁶ las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (1993), y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Estos instrumentos que proveen las bases normativas para el establecimiento de marcos de trabajo en derechos humanos y en el desarrollo de políticas, planificación y evaluación de medidas que promuevan la igualdad de oportunidades y la protección de personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sobre una base de equidad.

DESARROLLO DEL SEMINARIO:

El taller se condujo en jornadas de trabajo intensivo en las cuales se combinó la capacitación enfocada hacia la identificación de medios prácticos para concientizar sobre las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y promover su implementación, con la revisión y análisis de los marcos normativos para reforzar políticas, estrategias y programas de sensibilización sobre discapacidad y género.

Para la conducción del Seminario-Taller se contó con la participación, de la Sra. Akiko Ito en representación de Naciones Unidas, y del Profesor Christian Courtis, consultor contratado para este evento por las Naciones Unidas. Ellos tuvieron a su cargo la capacitación sobre normativas internacionales y requerimientos para la construcción de capacidades y fortalecimiento institucional para la implementación de normativas tendientes a garantizar la equiparación de oportunidades. A su vez, la Sra. Ito y el Prof. Courtis actuaron como facilitadores para el análisis de situación en los países latinoamericanos con respecto a normativas, planes y programas nacionales de atención para las personas con discapacidad que fueron presentadas por los participantes.

Con la orientación de los facilitadores el grupo hizo un análisis detallado sobre: Las implicaciones de la evolución que se ha venido dando en las últimas décadas, a nivel conceptual, sobre el abordaje de los asuntos relacionados con la discapacidad centrado en un enfoque de derechos.

Los contenidos y orientaciones de las normativas internacionales más recientes sobre discapacidad, principalmente las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la Convención Interamericana Contra Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad; y la información que cada uno de los participantes aportó sobre la situación que se vive en la actualidad en su país con respecto a este tema.

A partir de dicho análisis, el grupo logró la identificación de:

Las principales debilidades que enfrentan los países de la región para desarrollar capacidades para la implementación de normativas y acciones concretas tendientes a garantizar igualdad de oportunidades de participación a las personas con discapacidad;

Las principales debilidades que enfrentan los movimientos asociativos de personas con discapacidad de la región para alcanzar un nivel de representatividad y de reconocimiento lo suficientemente significativo para ser interlocutores fuertes de los gobiernos y de sus comunidades a fin de que sean tenidos en cuenta para la formulación, planificación, gestión y control de planes y programas que a ellos concierne.

Como asistentes al Seminario-Taller se contó con la participación de¹ líderes de movimientos asociativos de Personas con Discapacidad (16) y de defensores y prestadores de servicios para Personas con Discapacidad (7) de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en representación de la población con discapacidad.

El Seminario-Taller se desarrolló en cuatro sesiones de tres horas cada una. La primera sesión se dedicó a la presentación de las normas internacionales referidas a la discapacidad. Se discutió (1) la naturaleza de instrumentos internacionales no obligatorios, como las Normas Uniformes, las cláusulas de tratados de derechos humanas vinculadas con la discapacidad, (2) los informes y observaciones producidas por órganos de Naciones Unidas creados por la Carta y por distintos tratados, además de los de relatores especiales, (3) el estado actual y las perspectivas de la Convención Interamericana, y (4) las posibilidades y pasos dados hacia una convención universal dedicada a las personas con discapacidad. Algunas de las observaciones formuladas se refirieron a las diferencias entre la perspectiva de “derechos humanos” y la de “desarrollo social”, los esfuerzos por generar un abordaje “holístico” y comprensivo del tema, la comparación entre el contenido de las Normas Uniformes y el de la Convención Interamericana, la situación de los países de origen de los participantes respecto a la Convención Interamericana y los pasos que debe adoptarse para la elaboración de una convención universal. El grupo debatió cuestiones vinculadas con la implementación nacional de las normas internacionales, y el empleo de tratados y estándares internacional por los tribunales locales.

En la sesión también se abordaron aspectos conceptuales y definiciones actualizadas sobre la discapacidad. Ante el señalamiento de un cambio paradigmático —de una concepción “médica” a una concepción “social” de la discapacidad— y de su influencia sobre las clasificaciones y definiciones legales internacionales, se discutió el impacto de este cambio sobre las constituciones y la legislación de cada uno de los países.

La segunda sesión se consagró al repaso de las ‘Requisitos para la igualdad de participación,” de acuerdo con las Normas Uniformes de Naciones Unidas. Los participantes abordaron cuestiones relativas a la concienciación, acceso al tratamiento médico, rehabilitación y servicios de apoyo, tomando en consideración la situación de los respectivos países de origen y ejemplos de otras regiones del mundo.

La tercera y cuarta sesiones se centraron sobre las “Esferas previstas para la igualdad de participación" de las Normas Uniformes. La primera tarde, el grupo discutió temas de empleo y educación. Uno de los temas a los que se dedicó mayor atención fue el del papel de los actores públicos y privados en el desarrollo de políticas de empleo no discriminatorias para las personas con discapacidad. La discusión se situó en el contexto de las altas tasas de desempleo y del gran porcentaje de empleo informal que caracteriza la economía de muchos de los países latinoamericanos. También se planteó un debate sobre los desafíos del acceso a la educación, vinculándoselo con la mejor capacitación necesaria para que las personas con discapacidad obtengan empleo en el mercado competitivo. Se concedió particular importancia a la discusión sobre las dificultades que plantea la implementación de un sistema de educación integrador / integrada.

En la última sesión se trató las restantes esferas previstas para la igualdad de participación, de acuerdo con las Normas Uniformes —accesibilidad, mantenimiento del ingreso y seguridad social, vida familiar e integridad personal, recreación y deportes, y religión. Los participantes describieron los esfuerzos realizados en cada país para hacer el ambiente físico accesible—en este contexto, se subrayaron las notorias diferencias entre ciudades capitales y otras regiones del país, y entre áreas urbanas y rurales. Hubo un acuerdo generalizado sobre los modestos avances en el área de información y comunicación accesible, y en la accesibilidad del transporte público. En relación con el mantenimiento del ingreso y la seguridad social, una de las principales preocupaciones de los participantes consiste en que muchos de los sistemas de seguridad social nacionales siguen ligando el derecho a obtener prestaciones sociales con el previo empleo en el sector formal. Dada la alta tasa de desempleo —mayor aún entre las personas con discapacidad— y el hecho de que el sector informal sea considerable en muchos países de la región, sólo un porcentaje muy pequeño de personas con discapacidad tienen acceso a los beneficios de la seguridad social. Y aun cuando estos beneficios existen, en muchos casos su regulación desalienta a las personas con discapacidad de la búsqueda de empleo, dado que las prestaciones son canceladas automáticamente cuando la persona obtiene algún tipo de trabajo formal —aun cuando sea insuficiente para ganarse la vida.

Finalmente, los participantes discutieron temas vinculados con el diseño institucional, la implementación de políticas públicas y la participación de las organizaciones de personas con discapacidad. Algunos de los problemas mencionados fueron: la falta de coordinación entre las diferentes agencias estatales que tienen a cargo la implementación de políticas vinculadas con la discapacidad, la falta de información pública actualizada, la falta de tradición de reclamo ante los tribunales de justicia de las obligaciones establecidas en la ley pero no implementadas, la centralización de los servicios existentes —que causa grandes desigualdades entre las diferentes zonas de los países— y la falta de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la formulación, implementación y control de las políticas públicas en materia de discapacidad.

Con base en lo anterior, los participantes llegaron a una serie de conclusiones y recomendaciones, entre las cuales vale la pena destacar:

CONCLUSIONES:

En las últimas décadas, en los países de América Latina que estuvieron representados se ha avanzado en cuanto a la visibilidad, organización e incidencia de las personas con discapacidad en el reconocimiento de derechos, en la formulación de las políticas y en la organización de programas que les concierne, de una forma significativa aunque dispar, como se evidenció a través de la información aportada por los participantes. Se destaca:

Varias Constituciones Políticas de países de la región hacen referencia a la protección de las personas con discapacidad y al reconocimiento de su igualdad de derechos. Hay que destacar que en las Constituciones más recientes se reconoce explícitamente a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable específico. Como las Constituciones se han promulgado en diferentes épocas, en sus textos muchas de ellas utilizan términos no actualizados o conceptos con respecto a las personas con discapacidad que ya han sido superados.

En casi todos los países representados en el evento se han formulado leyes específicas sobre la discapacidad, posteriores a la promulgación del Programa de Acción Mundial, lo que ha permitido una cierta amplitud e integralidad en todas ellas. Así, en su formulación se ha incorporado el acceso a la educación y al trabajo, a los servicios de salud y bienestar, a la rehabilitación y a la disposición de ayudas técnicas. Muchas de ellas hacen referencia a medidas de prevención de la discapacidad, y en general incorporan el concepto de equiparación de oportunidades². No obstante que en la formulación, la mayoría de ellas, pretenden estar en conexión con las políticas generales de seguridad social, salud, educación y trabajo, la realidad actual es que en general no están establecidos mecanismos de coordinación ni medidas específicas para su implementación; lo que hasta el momento se ha traducido en la mayoría de los casos en “letra muerta”.

Aunque el principio de igualdad de oportunidades ha sido concebido como un componente esencial de los Derechos Humanos Fundamentales, en las políticas de los países de la región se evidencia una cierta tendencia a su orientación hacia la discriminación positiva casi como única medida para la equiparación de oportunidades de la población con discapacidad; lo que parece estar respondiendo a la caracterización de este grupo por su condición de vulnerabilidad, más que por un enfoque de garantía de derechos.

En la mayoría de los países se han constituido organismos o instancias nacionales encargadas de coordinar, orientar y vigilar el cumplimiento de las leyes y de los programas específicos para personas con discapacidad; sin embargo, al igual que lo ocurrido con las políticas de integración de las personas con discapacidad, en la mayoría de los casos dichos Comités o Comisiones son poco operativos y carecen de institucionalidad.

A pesar de los avances logrados en materia legislativa y normativa, en muchos de los países no se ha logrado aún convertir las políticas que favorecen la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad en programas efectivos que mejoren el acceso de las personas con discapacidad a la educación general, a la formación profesional y al trabajo competitivo; y que los planes concretos produzcan los resultados esperados en mejoraría de las condiciones de vida de los afectados.

Teniendo en cuenta la fuerte relación existente entre factores sociales y discapacidad, se reconoce que la situación de recesión que vive actualmente la región, ha contribuido a limitar la disponibilidad de programas con cobertura significativa. La mayoría de las experiencias relatadas sobre acciones o programas, hacían referencia a grupos pequeños de beneficiarios sin que se lograra identificar una cobertura más general o universal para este colectivo. Se reconoce que es la política social, el instrumento más efectivo y justo para enfrentar la discapacidad desde una perspectiva integral con visión integradora. Por tanto, es imperativo que los asuntos relativos a la discapacidad sean incorporados como componente esencial de las Políticas Públicas de los Estados de la región latinoamericana. El apoyo y gestión de las distintas instancias del sistema de Naciones Unidas se considera necesario para lograr incidir sobre este punto.

Reconocimiento de la necesidad de trascender, de las políticas sectoriales que imperan en los países de la región para abordar la situación de la discapacidad como base para la formulación de planes y programas de atención con carácter asistencialista, hacia la formulación de Política Pública de Estado que defina la formulación de planes y programas de atención transversales con un enfoque de Garantía de Derechos. Esta ultima lleva implícita la generación de garantía de derechos universales que son inherentes a cada ciudadano, y de garantía de derechos específicos a la población con discapacidad, por su condición de discapacidad, que son indispensables para asegurar que tengan iguales oportunidades para el acceso a la repartición de bienes sociales, de igual calidad que los ofertados para los demás ciudadanos.

La Política Pública en el área social, y en particular la relacionada con las personas con discapacidad, debe ser visualizada desde la perspectiva de las desventajas que encuentran las personas con discapacidad en su comunidad para participar en igualdad de condiciones a las de sus conciudadanos sin discapacidad, debido a la forma como están diseñados los servicios y la estructura de la sociedad. Por tanto, el abordaje de la política pública en discapacidad debe estar dirigido a brindar a las personas con discapacidad los apoyos necesarios para compensar esas desventajas y de esta forma garantizarles iguales oportunidades. Se señalaron los peligros que pueden traer a este colectivo la aplicación exclusiva de medidas de discriminación positiva, mencionada anteriormente, especialmente cuando estas no van dirigidas a compensar la desventaja para alcanzar la igualdad de oportunidades, sino a compensar o “privilegiar” a la persona por el hecho de ser portadora de discapacidad.

Se reconoce que una comunidad organizada y cualificada en sus instancias participativas va adquiriendo sucesivos niveles protagónicos en los procesos autogestionarios para la negociación y la participación en la gestión pública, y que este es un proceso que aún es incipiente en la población con discapacidad de la mayoría de los países presentes. Al mismo tiempo se reconoce que en general, los pocos grupos que han logrado alcanzar un nivel de organización significativo, aún no han logrado superar el discurso reivindicativo centrado en demandas de protección, lo que de cierta forma se visualiza como un factor perpetuador de la imagen estigmatizante que la sociedad ha tenido y sigue teniendo sobre esta población como “personas incapaces de ser autónomas, y por tanto sujetos de beneficencia y protección”.

Favorecer la generación de capacidades y oportunidades para la participación organizada y responsable de la comunidad, y en especial de las propias personas con discapacidad, sus familias y sus defensores en los distintos procesos del desarrollo social que atañe a esta población, es una estrategia que se vislumbra como fundamental y prioritaria para ser abordada en el futuro próximo en América Latina. Para este fin debe buscarse la confluencia de actuaciones locales, nacionales e internacionales.

Debido a que la mayoría de las acciones y demandas generadas desde el sector con discapacidad organizado son enfocadas hacia la satisfacción de necesidades específicas del grupo representado, determinado en general por el tipo de discapacidad, se evidencian grandes diferencias de los beneficios que han alcanzado las personas de los distintos tipos de discapacidad en algunos países, siendo mayores los logros de aquellos grupos que han logrado un mayor nivel de empoderamiento y organización. De igual manera, se puedo constatar que esta forma de actuación favorece, desde los gobiernos y / o desde la comunidad, respuestas de carácter puntual dirigidas a beneficiar a dichos grupos y no al colectivo de personas con discapacidad, lo que de alguna forma perpetúa la desarticulación de servicios, así como el establecimiento de normativas y de sistemas paralelos. Se planteó la necesidad de buscar mecanismos de articulación entre las organizaciones de los distintos tipos de discapacidad para hacer un frente común en el desarrollo de acciones propositivas y de cabildeo para promover la adopción de marcos normativos más globales que beneficien a toda la población con discapacidad, y para que este colectivo llegue a tener una voz más fuerte en torno a la defensa de sus derechos y a la vigilancia del cumplimiento de las normativas existentes. Los logros alcanzados por los movimientos asociativos de la discapacidad de uno de los países presentes, con un abordaje de este estilo, fueron muy demostrativos de las ventajas y del impacto que genera este tipo de actuación.

La información aportada por los participantes permitió confrontar la gran disparidad del desarrollo que sobre el tema de la discapacidad han alcanzado los países latinoamericanos. Se consideró pertinente buscar mecanismos de cooperación horizontal y promover la coordinación entre las instancias de discapacidad de orden nacional u homólogas de los países de América Latina, para el intercambio de experiencias exitosas y el interaprendizaje entre ellos mismos. Para tal fin, se podrían aprovechar algunas iniciativas que se vienen impulsando en la región sobre conformación de redes y / o entidades asociativas de segundo nivel en torno al tema de discapacidad, en cuya gestación y organización están vinculados algunos de los participantes.

La información aportada por algunos de los participantes sobre mecanismos o estrategias puestas en marcha para adelantar acciones en pro de la población con discapacidad que han tenido alguna respuesta positiva pero generalmente transitoria, evidenció que todavía en América Latina el tema es marginal y que los avances se logran a expensas de acciones clientelistas o favoritismos logrados por sensibilización o influencia con los gobernantes de turno. La construcción de una mayor conciencia de la discapacidad como una cuestión de actitud e ideología que requiere de un cambio social, y una cuestión política que debe encararse desde la perspectiva de los derechos humanos, es una tarea pendiente. Desde esta perspectiva, se concluye que es necesario abordar los asuntos relativos a la discapacidad como un asunto relacionado con el ejercicio de la ciudadanía de las personas que tienen algún tipo discapacidad, lo que es en realidad un abordaje principalmente de tipo político.

RECOMENDACIONES:

En consonancia con las conclusiones del grupo, los participantes recomendaron:

Buscar mecanismos de apoyo y estrategias efectivas para avanzar hacia una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, es decir, un instrumento universal de cumplimiento obligatorio por los Estados. El involucramiento de la población con discapacidad organizada en su formulación y desarrollo se considera imperativo. El apoyo decidido de Naciones Unidas se considera imprescindible para garantizar un alto índice de representatividad y que la voz del propio colectivo de personas con discapacidad sea escuchada y tenida en cuenta de manera significativa. En el mismo sentido, promover la ratificación por parte de la mayor parte de los países de la región de la Convención Interamericana para la Eliminación de Toda forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y su utilización como instrumento de evaluación y crítica de las políticas públicas nacionales ___________________________________.

Hacer un esfuerzo mayor, tanto desde el seno de las distintas instancias de Naciones Unidas como de otros organismos internacionales y desde las entidades gubernamentales nacionales y de las organizaciones privadas que se ocupan del tema, para promover el empoderamiento y la participación de todos los interesados en la situación de las personas con discapacidad.

Teniendo en cuenta que en las últimas décadas se ha abierto paso a propuestas para proporcionar a las personas con discapacidad acceso a los mismos servicios y al mismo grado de independencia que a sus conciudadanos sin discapacidad, y que las directrices consignadas en las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con Discapacidad, son orientaciones válidas para el diseño y desarrollo de políticas, planes y programas adaptados a la realidad propia de cada país o comunidad, para lograr este propósito se recomienda que se continúe trabajando en:

La profundización del análisis y evaluación de la situación de cada país; lo que podría ser una actividad que cada uno de los participantes retomara a su regreso al país respectivo. Información que debería ser compilada y retroalimentada entre los mismos, y compartida con los organismos internacionales.

Desarrollar una acción sostenida en la difusión, promoción y capacitación sobre las Normas Uniformes y la forma de incorporarlas de manera transversal en la elaboración e implementación de políticas y programas; para tal fin se sugiere la conformación de “grupos focales” que en cada país sirvan de punta de lanza para generar conciencia y motivación sobre el tema.

Promover la concertación de voluntades y apoyos de diversa índole de la comunidad internacional, de entes y entidades nacionales y de organizaciones de y para la discapacidad, asunto que se considera indispensable para un avance sostenido y sostenible; de otra manera los avances seguirán siendo coyunturales y de escaso impacto.

En términos generales, tanto en las conclusiones del Seminario-Taller sobre Normativas Internacionales y Derechos de las Personas con Discapacidad, como en las disertaciones y ponencias presentadas en el evento, podemos decir que se ratificó una vez más que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social; y que por tanto, el manejo del problema requiere de acción social, y que es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida comunitaria.

Los y las participantes, tanto personas con discapacidad líderes de movimientos de autogestión como profesionales expertos en la temática de la discapacidad, ofrecieron sus conocimientos y experiencias, discutieron sobre sus propias realidades y concretaron propuestas sobre las posibilidades que se nos ofrece en nuestra región para aproximarnos a respuestas reales y posibles de accesibilidad a los bienes y servicios de nuestra sociedad actual; pero sobre todo, para garantizar que las personas con discapacidad pueden hacer frente a la vida cotidiana con igualdad de oportunidades que sus conciudadanos, para ello, necesitan contar con los soportes apropiados para compensar o reducir el impacto de las limitaciones que les impone su discapacidad.

Las conclusiones y recomendaciones del Seminario-Taller fueron presentadas en la sesión plenaria de clausura del Congreso y el Foro. El GLARP-IIPD asume el compromiso de continuar realizando acciones de profundización sobre los asuntos tratados, y de manera muy especial, de dirigir esfuerzos futuros a la búsqueda de estrategias para apoyar a la población con discapacidad en la puesta en práctica de las recomendaciones del Seminario-Taller que las organizaciones de los diferentes países consideren pertinentes.

Notas de RESUMEN

1: Resolución 48/96, anexo, aprobada por la Asamblea General, Cuadragésimo octavo periodo de sesiones, de 20 de diciembre de 1993. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/dissres0.htm.os Impedidos, párrafo 12.

2: Convención Interamericana Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, OEA/Ser. P, AG/RES. 1608 (XXIX-O/99), aprobada por el vigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 7 de junio de 1999. El texto puede ser obtenido de: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.htm.

3: Resolución 217A (III) de la Asamblea General del 10 de diciembre de 1948.

4: Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General del 16 diciembre de 1966. Disponible en inglés en: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm.

5: Resolución 2200A (XXI) de la Asamblea General del 16 diciembre de 1966. Disponible en inglés en: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm

6: Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo séptimo período de sesiones, por resolución 37/52 del 3 de diciembre de 1982. Disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswps00.htm.

1: VER ANEXO 1: Lista de Participantes

2: “proceso mediante el cual el sistema general de la sociedad tal como el medio físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios sociales y sanitarios, las oportunidades de educación y de trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo- se hace accesible para todos.” Programa de Acción Mundial Para los Impedidos, párrafo 12.