Discurso del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sesión de clausura del diálogo temático interactivo sobre el acceso a la educación en situaciones de emergencia, posteriores a crisis y de transición resultantes de conflictos provocados por el hombre o de desastres naturales.
Nueva York
18 de marzo de 2009
Quisiera agradecer nuevamente al Excelentísimo Señor Pierre Nkurunziza, de Burundi, y a Su Alteza la Jequesa Mozad bint Nasser Al-Minad por honrarnos con su presencia en este foro.
Excelencias,
Colegas de las Naciones Unidas,
Señores representantes de la sociedad civil,
Queridas hermanas y hermanos,
Estamos llegando al cierre de este diálogo interactivo sobre el acceso a la educación en situaciones de emergencia, y quiero agradecerles a todos por habernos ayudado a comprender mejor esta compleja cuestión. Agradezco especialmente a nuestros panelistas por haber señalado a nuestra atención las medidas concretas que nosotros, en particular las Naciones Unidas y los Estados Miembros, podemos adoptar para garantizar que los millones de jóvenes cuyas vidas han quedado trastornadas por la violencia o los desastres naturales no vean interrumpida su educación.
Ustedes han hecho avanzar el diálogo para determinar las medidas que pueden adoptarse para proteger nuestras escuelas y garantizar que sigan siendo lugares seguros y acogedores incluso en las circunstancias más difíciles. Nos han proporcionado estrategias legislativas para asegurar que no queden impunes los ataques contra escuelas, estudiantes y maestros, que han aumentado constantemente en los últimos años.
Las dinámicas mesas redondas de hoy han puesto de relieve el urgente problema que plantea el hecho de que los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales asociadas a nosotros en la prestación de asistencia humanitaria no asignen prioridad a la educación en su respuesta a emergencias complejas. Es evidente que la comunidad internacional, incluida la Asamblea General, debe desarrollar una respuesta a estos desafíos más coherente y basada en los derechos humanos. Agradecemos a los expertos en derechos humanos, especialistas en educación y docentes, así como a los representantes de diversos gobiernos, por habernos proporcionado nueva información y argumentos. Ustedes han hablado y nosotros los hemos escuchado. Presionaremos para se aprueben resoluciones, leyes y políticas más claras que llenen esta enorme laguna en nuestras políticas y operaciones.
Desde mi posición como Presidente de la Asamblea General, me interesan en particular las recomendaciones formuladas por los representantes de los Estados Miembros y las que afectan a las políticas de dichos Estados. Como señaló el Relator Especial sobre el derecho a la educación, en el 90% de los países donde ocurren desastres naturales o conflictos violentos, los gobiernos no pueden atender adecuadamente a las necesidades humanitarias de sus ciudadanos y mucho menos mantener la seguridad de las escuelas.
Las políticas de los gobiernos relativas al socorro en casos de desastre deben integrar la educación en nuestra respuesta humanitaria y en el marco educativo en general. Para ello son necesarias la cooperación y las asociaciones a todos los niveles. He recibido con agrado la recomendación de que se celebren más consultas regionales y aliento a los Estados Miembros a explorar esta opción con las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, tal vez con la participación, incluso bajo la dirección, de los ministros de educación. No me cabe ninguna duda de que esas reuniones facilitarán la elaboración de mejores mecanismos de respuesta y vigilancia en los planos local, nacional y mundial. También pueden contribuir de forma importante a mejorar la reunión y el análisis de datos.
Debemos vigilar los acuerdos de paz para asegurarnos de que en ellos también se contempla la integración y protección de las escuelas y la infraestructura educativa. Nuestros planes han de tener en cuenta que la restauración del sistema educativo y la reducción de la pobreza son dos cosas que deben ir de la mano. Además, como siempre, necesitamos datos más fiables sobre las condiciones existentes antes, durante y después de las crisis a fin de poder elaborar mecanismos de respuesta más efectivos en el ámbito de la educación.
Como es habitual, se nos ha recordado que el fundamento jurídico de la protección del derecho a la educación podemos encontrarlo en gran parte de nuestra legislación sobre derechos humanos, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta la Convención sobre los Derechos del Niño y el segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio, relativo a la educación primaria universal. No obstante, con el aumento de los incidentes violentos y los desastres humanos causados por fenómenos de la naturaleza, estos nobles objetivos quedan olvidados en una cultura en la que impera la negligencia, o lo que es peor, la impunidad. Nuestro fracaso colectivo en la lucha contra la impunidad sirve de licencia para los malhechores.
Por último, ha sido alentador oír a representantes de gobiernos exigir que éstos asuman mayores responsabilidades. Concuerdo con la recomendación de instar a todas las partes interesadas, entre ellas los órganos y organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil, a que elaboren políticas claras que obliguen a los Estados partes a proteger las escuelas y convertirlas en lugares seguros, especialmente en las situaciones más difíciles. Apoyo el llamamiento a los Estados para que, conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tipifiquen como crímenes de guerra los ataques a escuelas y castiguen debidamente a los culpables. Esto debería ser un procedimiento normal y automático.
Nuestro trabajo es ahora más urgente que nunca. Como se señaló hoy, si bien los conflictos violentos son ahora más letales, los fenómenos naturales, cada vez más frecuentes, afectan a siete veces más personas que los conflictos violentos. Se trata de una tendencia con la que debemos aprender a vivir. Debemos actuar con toda la tenacidad y creatividad que podamos para elaborar respuestas serias y viables que resulten eficaces incluso en las peores condiciones.
Por último, espero que, al terminar esta reunión, nos sintamos fuertes y más decididos a mejorar la protección que prestamos a nuestros estudiantes, sus maestros y todos quienes contribuyen a que puedan ejercer su derecho a la educación. Creo que hoy hemos logrado algunos progresos hacia estos importantes objetivos y les doy las gracias a todos ustedes por su dedicación constante y su firme defensa del derecho a la educación en cualquier circunstancia.
Gracias.
