Programa de Divulgación sobre el Genocidio de 1994
contra los Tutsis en Rwanda y las Naciones Unidas

Antecedentes sobre el proceso de justicia y reconciliación en Rwanda

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Durante el genocidio de 1994 contra los tutsis en Rwanda, cerca de un millón de personas perecieron y unas 250.000 mujeres fueron violadas, lo que dejó a la población del país traumatizada y a su infraestructura diezmada. Desde entonces, Rwanda ha estado enfrascada en un ambicioso proceso de justicia y reconciliación con el objetivo final de que todos los rwandeses vivan una vez más unidos y en paz.

Justicia después del genocidio

En los años que siguieron al genocidio, más de 120.000 personas fueron detenidas y acusadas de responsabilidad penal por su participación en las matanzas. Para hacer frente a ese aplastante número de perpetradores, se procuró una respuesta judicial en tres niveles:

• el Tribunal Penal Internacional para Rwanda,
• el sistema judicial nacional de Rwanda, y
• los tribunales gacaca.

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR) fue establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 8 de noviembre de 1994. El Tribunal tiene el mandato de enjuiciar a las personas que tienen la mayor responsabilidad por el genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en Rwanda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994.

El primer juicio comenzó en enero de 1997 y para diciembre de 2012, el Tribunal había completado la primera parte de su mandato. Durante sus dos décadas de trabajo en Arusha, Tanzanía, el Tribunal condenó a 61 personas a penas de hasta cadena perpetua por su participación en las masacres. Catorce acusados fueron absueltos y otros 10 remitidos a los tribunales nacionales. El Tribunal celebró 5.800 días de actuaciones, inició actuaciones contra 93 personas acusadas, emitió 55 juicios de primera instancia y 45 de apelación, y escuchó los "testimonios de más de 3.000 testigos que valientemente relataron algunos de los eventos más traumáticos imaginables durante los juicios del Tribunal", dijo el Presidente del Tribunal, Juez Vagn Joensen, al Consejo de Seguridad de la ONU en diciembre de 2015.

El Mecanismo de los Tribunales Penales Internacionales (MTPI ), establecido por el Consejo de Seguridad en diciembre de 2010, se hizo cargo de las tareas pendientes del ICTR y del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). El Mecanismo es esencial para que el cierre de ambos Tribunales no deje la puerta abierta a la impunidad de los prófugos restantes. En lo que se refiere a Rwanda, el Mecanismo entró en vigor el 1 de julio de 2012.

El Tribunal ha pronunciado varios veredictos ejemplarizantes, a saber:

• En el primer juicio tramitado por un tribunal internacional sobre genocidio, un ex alcalde, Jean-Paul Akayesu, fue condenado en 1998 por nueve delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. En el veredicto fue el primero en concluir que la violación y el asalto sexual constituían actos de genocidio en tanto en cuanto fuesen cometidos con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, al grupo destinatario. Los jueces dictaminaron que, en el caso de Rwanda, el asalto sexual formaba parte integrante del proceso de destrucción del grupo étnico tutsi y que la violación era sistemática y se había perpetrado exclusivamente contra las mujeres tutsi, lo que ponía de manifiesto la intención específica exigida en esos actos para que constituyesen genocidio.
• La condena a cadena perpetua del primer ministro durante el genocidio, Jean Kambanda, en 1998 fue la primera vez en que se condenó a un jefe de gobierno por el delito de genocidio.
• La causa Medios de información vista por el Tribunal en 2003 fue el primer juicio, desde que se condenó a Julius Streicher en Nuremberg a raíz de la segunda guerra mundial, en que se examinó la función de los medios de información en el contexto de la justicia penal internacional.

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El sistema judicial nacional

Los tribunales nacionales de Rwanda enjuician a los acusados de planificar el genocidio o de cometer graves atrocidades, entre ellas la violación. A mediados de 2006, los tribunales nacionales habían juzgado a aproximadamente 10.000 sospechosos de genocidio. En 2007, el Gobierno de Rwanda abolió la pena de muerte, que se había aplicado por última vez en 1998, cuando fueron ejecutados 22 condenados por delitos relacionados con el genocidio. Este acontecimiento eliminó uno de los principales obstáculos para el traspaso a los tribunales nacionales de los casos de genocidio que tramitaba el Tribunal Penal Internacional para Rwanda puesto que el plazo para la conclusión de la labor del Tribunal Internacional ya está próximo.

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El sistema de tribunales gacaca

Para buscar solución al hecho de que miles de acusados seguían en espera de juicio en el sistema judicial nacional y lograr la justicia y la reconciliación a nivel de base, el Gobierno de Rwanda restableció el sistema de justicia comunitaria tradicional denominado «gacaca» (se pronuncia GA-CHA-CHA), que en 2005 empezó a funcionar a plena capacidad.

En el sistema gacaca, las comunidades a nivel nacional eligen jueces que se encargan de los procesos contra sospechosos de cometer genocidio acusados de todos los crímenes, excepto la planificación del genocidio. Estos tribunales imponen penas menos severas si la persona se ha arrepentido y trata de reconciliarse con la comunidad. A menudo, los prisioneros que confiesan regresan a sus hogares sin otra penalidad o reciben órdenes de prestar servicios a la comunidad. Desde 2005, más de 12.000 tribunales comunitarios han enjuiciado a más de 1,2 millones de casos en todo el país.

Los tribunales gacaca sirven también para promover la reconciliación proporcionando a las víctimas un mecanismo para conocer la verdad acerca de la muerte de sus familiares y parientes. También ofrecen a los perpetradores la oportunidad de confesar sus crímenes, demostrar su arrepentimiento y pedir perdón frente a sus conciudadanos. Los tribunales gacaca cerraron oficialmente el 4 de mayo de 2012.

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(00:04:05)

20 años desafiando la impunidad; el TPIR de la ONU ha estado a la vanguardia de la lucha mundial contra la impunidad, procesando a los que se consideran los más responsables de los delitos más graves cometidos en 1994.

A medida que el Tribunal se acerca al final de su mandato, su legado sienta las bases para una nueva era en la justicia penal internacional.

(00:45:41)

Conferencia de prensa, el Tribunal Penal para Rwanda y Rwanda 20 años después.

,

Bongani Majola, Subsecretario General y Secretario del Tribunal Penal para Rwanda y Ousman Njikam, Oficial Jurídico de la Secretaría del Tribunal.

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Unidad y reconciliación en Rwanda

El proceso de reconciliación en Rwanda se centra en la reconstrucción de la identidad rwandesa, así como en equilibrar la justicia, la verdad y la situación futura de paz y seguridad. El Gobierno de Rwanda ha adoptado diferentes medidas para lograr el objetivo de que perpetradores y víctimas coexistan en paz. Por ejemplo, la Constitución establece ahora que todos los rwandeses tienen igualdad de derechos. Y todas las leyes aprobadas combaten la discriminación y la ideología genocida que los dividía.

La responsabilidad primordial por los esfuerzos de reconciliación en Rwanda compete a la Comisión Nacional de Unidad y Reconciliación, establecida en 1999. Las principales actividades de la Comisión son las siguientes:

• Ingando: Un programa de educación para la paz en los campamentos de solidaridad. Entre 1999 y 2009, más de 90.000 rwandeses participaron en estos programas de educación cuya finalidad es esclarecer la historia de Rwanda, comprender los orígenes de la división entre la población, promover el patriotismo y luchar contra la ideología genocida.
• Itorero: Establecido en 2007, el objetivo del programa Itorero es promover los valores rwandeses y educar a dirigentes que luchen por el desarrollo de la comunidad. En el programa Itorero participaron 115.228 personas entre 2007 y 2009.
• Seminarios: Formación de dirigentes comunitarios, dirigentes de partidos políticos, jóvenes y mujeres en asesoramiento sobre traumas, mitigación y solución de conflictos y sistemas de alerta anticipada.
• Cumbres nacionales: Desde 2000, se han organizado varias cumbres nacionales sobre temas relacionados con la justicia, la buena gobernanza, los derechos humanos, la seguridad nacional y la historia nacional.
• Investigación: La Comisión ha publicado algunos estudios que investigan las causas de los conflictos en Rwanda y la manera de mitigarlos y resolverlos.

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Antecedentes acerca de la Prevención del Genocidio

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Entender el genocidio

La necesidad de prevenir el genocidio y castigar a los responsables ha sido una preocupación de la comunidad internacional desde finales de la segunda guerra mundial, durante la cual más de 6 millones de personas fueron asesinadas sistemáticamente por el régimen nazi debido a su origen étnico, su sexualidad u otras características.

¿Qué es genocidio?

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 (conocida como «Convención sobre el genocidio») establece que por genocidio se entenderá cualquiera de los actos que se enumeran a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

• matanza de miembros del grupo;
• lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
• sometimiento intencional del grupo a condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial;
• imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo;
• traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

La Convención confirma que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que las Partes se comprometen "a prevenir y a sancionar". La responsabilidad primordial de prevenir y detener el genocidio corresponde al Estado en el que ese delito se esté cometiendo.

El caso de Rwanda

En 1994, en presencia de toda la comunidad internacional, más de 800.000 rwandeses, fundamentalmente de la etnia tutsi, murieron masacrados por las milicias y las fuerzas gubernamentales hutu durante un período de apenas 100 días. Las matanzas comenzaron el día después de que un avión que transportaba a los presidentes de Rwanda y Burundi fue derribado mientras se disponía a aterrizar en Kigali, la capital de Rwanda. Los presidentes regresaban de las conversaciones de paz destinadas a apuntalar un precario acuerdo de paz y a poner fin al conflicto entre el gobierno predominantemente de la etnia hutu y el ejército rebelde mayormente tutsi.

El accidente avivó nuevamente la guerra. Las fuerzas gubernamentales en retirada se sumaron a las milicias étnicas hutu para incitar a los civiles a que mataran a los miembros de la etnia tutsi. Alegaban que los civiles estaban ayudando a los rebeldes tutsi y utilizaban este pretexto para justificar la matanza de personas inocentes. No se autorizó la intervención de una pequeña fuerza de mantenimiento de la paz que había sido enviada por las Naciones Unidas. Se alertó de que el genocidio estaba a las puertas pero no se adoptó medida alguna.

Hoy día, los efectos del genocidio de 1994 contra los tutsis en Rwanda se hacen sentir aún de muchas maneras diferentes tanto dentro del país como en los Estados vecinos, incluidas las regiones orientales de la República Democrática del Congo, donde vastas zonas de la provincia de Kivu meridional siguen bajo el control de las milicias hutu de Rwanda y sus aliados locales. Junto con otros combatientes de la guerra del Congo, siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen secuestros, matanzas y violación. La violencia sexual, en particular contra las mujeres y los niños, se ha generalizado.

Prevención del genocidio

El genocidio no es algo que ocurre de la noche a la mañana o sin previo aviso. El genocidio requiere organización y constituye de hecho una estrategia deliberada que ha sido llevada a cabo fundamentalmente por gobiernos o grupos que controlan el aparato estatal. Conocer la manera en que el genocidio se produce y aprender a reconocer los indicios que podrían conducir al genocidio tiene importancia para asegurarse de que esos horrores no vuelvan a ocurrir.

El 7 de abril de 2004, décimo aniversario del genocidio de 1994 contra los tutsis en Rwanda, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expuso un plan de acción de cinco puntos para prevenir el genocidio:

1. Evitar el conflicto armado, que suele ser el contexto del genocidio;
2. Proteger a los civiles en un conflicto armado incluso por medio del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;
3. Poner fin a la impunidad mediante la acción judicial en los tribunales nacionales e internacionales;
4. Reunir información y establecer un sistema de alerta anticipada; y
5. Adoptar medidas rápidas y decisivas, que incluyan la acción militar.

1. Prevenir el conflicto armado

Debido a que el genocidio tiene más probabilidades de ocurrir durante una guerra, una de las mejores manera de reducir las posibilidades de genocidio es abordar las causas fundamentales de la violencia y el conflicto: odio, intolerancia, racismo, discriminación, tiranía y el discurso político deshumanizante que niega a grupos enteros de la población su dignidad y sus derechos. Buscar solución a la desigualdad de acceso a los recursos constituye una estrategia de prevención decisiva. La primera responsabilidad por la prevención de los conflictos corresponde a los gobiernos nacionales. Las Naciones Unidas apoyan los esfuerzos nacionales, que incluyen las actividades políticas, diplomáticas, humanitarias, de derechos humanos e institucionales. El desarrollo económico y social y la mitigación de la pobreza aportan también una contribución sustancial a la prevención del conflicto.

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2. Proteger a los civiles, incluso por medio del personal de mantenimiento de la paz

Cuando los esfuerzos para prevenir el conflicto fracasan, una de las prioridades máximas debe ser proteger a los civiles. Siempre que los civiles constituyen un objetivo deliberado porque pertenecen a una comunidad determinada, existe el riesgo de genocidio. Durante el último decenio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha ampliado con frecuencia el mandato del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para que puedan proteger físicamente a los civiles que están amenazados de violencia. En la actualidad, las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas ayudan de ordinario a las autoridades nacionales a establecer acuerdos eficaces para investigar y perseguir violaciones graves del derecho; desarmar y desmovilizar a los combatientes y ayudar a reintegrarlos en la comunidad; hacer cumplir las medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia sexual; e informar sobre cualquier medio de difusión esté incitando a la población al genocidio, a cometer crímenes de lesa humanidad u otras violaciones del derecho internacional humanitario.

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3. Poner fin a la impunidad mediante la acción judicial

Para disuadir a las personas de cometer crímenes de genocidio, los responsables de esos crímenes tienes que ser llevados ante la justicia. La lucha contra la impunidad y el establecimiento de expectativas verosímiles de que los perpetradores del genocidio y otros delitos de esa índole responderán ante la justicia puede contribuir con eficacia a la cultura de la prevención.

En la actualidad, si un Estado no está dispuesto o es incapaz de ejercer su jurisdicción sobre los presuntos perpetradores del genocidio, el Tribunal Penal Internacional tiene facultades, dentro del marco de su estatuto, para investigar y enjuiciar a los más responsables. El Tribunal Penal Internacional es un tribunal permanente, separado de las Naciones Unidas, con sede en La Haya (Países Bajos), para juzgar a personas por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Fue establecido el 1 de julio de 2002, fecha en que el Estatuto de Roma, el tratado por el que se fundó entró en vigor. Hasta la fecha, el Tribunal Penal Internacional ha conocido de 21 casos relacionados con 8 países. En marzo de 2012, el Tribunal pronunció el primer veredicto de su historia al dictar sentencia sobre crímenes de guerra contra Thomas Lubanga Dyilo, jefe de milicia acusado de participar en el reclutamiento de niños soldados en la República Democrática del Congo.

Antes de que se estableciera el Tribunal Penal Internacional, se crearon tribunales especiales encargados de enjuiciar a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la ex Yugoslavia y Rwanda:

• El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY) , que tiene su sede en La Haya (Países Bajos) fue establecido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1993. Ha procesado a 161 personas por graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidos en el territorio de la ex Yugoslavia. De ese total se ha concluido el juicio contra 141, y se están tramitando 20. Hasta la fecha los juicios más prominentes han sido los del ex dirigente serbio de Bosnia Radovan Karadzic, que comenzó en octubre de 2009, y el ex comandante militar serbio de Bosnia, Ratko Mladic, que empezaron en mayo de 2012. Ambos están acusados de llevar a cabo el genocidio y de otros crímenes contra los musulmanes bosnios, los croatas bosnios y otros civiles no serbios entre 1992 y 1995.
• El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR) , que tiene su sede en Arusha (Tanzania), comenzó sus actividades en 1995, a raíz de la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de noviembre de 1994. El ICTR ha formulado cargos contra 92 personas, 2 de los cuales han sido retirados y 10 derivados a jurisdicciones nacionales —2 a Francia y 8 a Rwanda—. Dos acusados fallecieron antes de la finalización de sus juicios. En marzo de 2014, de los 63 casos finalizados, 14 fueron absueltos y 49 condenados y sentenciados. De los casos transferidos a Rwanda, 6 de los acusados permanecen huidos. Existen 3 casos más de fugitivos, que serán tratados por el Mecanismo de la ONU para las Tribunales Penales Internacionales en el caso de ser aprehendidos. Entre los casos completados están los de dueños de organizaciones de medios de comunicación que participaron en la incitación al odio, así como ex jefes militares y dirigentes de gobierno, entre ellos el ex primer ministro Jean Kambanda, condenado a cadena perpetua por el delito de genocidio, y el ex alcalde Jean Paul Akayesu, cuyo juicio en 1998 fue el primero en el que por primera vez se especificó que la violación sexual constituía un genocidio si se cometía con la intención de destruir a un grupo en particular.

Tanto el ICTY como el ICTR esperan terminar sus trabajos a finales de 2014. A continuación, el Mecanismo de la ONU para de los Tribunales Penales Internacionales (MITPI), establecido por el Consejo de Seguridad en diciembre de 2010, tomará el relevo y finalizará la tarea del ICTR.

Además, en 2003 se estableció un tribunal especial para enjuiciar a los acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante el régimen Khmer Rojo en Camboya entre 1975 y 1979. Las Salas extraordinarias de los tribunales de Camboya – establecidas como resultado de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya, en febrero de 2012 condenaron a Kaing Guek Eav, de sobrenombre Duch, antiguo jefe de un campamento de detención de mala reputación, a cadena perpetua, la condena máxima prevista en las leyes camboyanas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los convenios de Ginebra de 1949. Las salas extraordinarias de los tribunales de Camboya hasta la fecha han detenido y encausado a otros cuatro ex funcionarios públicos.

El Tribunal Especial para Sierra Leona y el Tribunal Especial para el Líbano – mecanismos judiciales basados en acuerdos entre la ONU y los gobiernos de Sierra Leona y el Líbano- no tienen jurisdicción en los casos de genocidio.

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4. Establecer sistemas de alerta anticipada

Las tragedias de Rwanda y los Balcanes en los años noventa demostraron, de la peor manera posible, que la comunidad internacional tenían que hacer más para impedir el genocidio. Con esto en mente, el Secretario General nombré en 2004 a Juan Méndez,Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, al que sucedieron Francis Deng en 2007 y Adama Dieng en 2012.

Los asesores especiales reúnen información sobre situaciones en las que puede existir riesgo de genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. Debido al carácter delicado de este mandato, gran parte de su labor queda fuera de la vista pública. Sin embargo, cuando los asesores especiales determinan que dar a conocer sus preocupaciones a la opinión pública reducirá el riesgo de genocidio y de delitos de esa índole en una situación específica o promoverá la causa de la paz y la estabilidad, hacen públicas sus declaraciones como en el caso de Siria y Myanmar. Los asesores especiales tienen también la responsabilidad de señalar a la atención del Secretario General y, por su conducto, al Consejo de Seguridad determinadas situaciones y de formular recomendaciones sobre medidas para prevenir o poner fin al genocidio.

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5. Adoptar medidas rápidas, incluido el uso de la fuerza militar

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, corresponde al Consejo de Seguridad decidir cuándo, dónde y cómo intervenir militarmente en situaciones internas para prevenir o responder al genocidio u otras atrocidades masivas.

En septiembre de 2005, en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas , todos los países acordaron oficialmente que, cuando los métodos pacíficos fuesen insuficientes y cuando "fuese evidente" que las autoridades nacionales no protegían a su población de los cuatro crímenes que constituían atrocidades masivas, los Estados deberían adoptar medidas colectivas "de manera oportuna y decisiva" por medio del Consejo de Seguridad y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

• En el caso de Libia, la comunidad internacional se movilizó rápidamente para impedir que el Gobierno matase a sus propios ciudadanos. En la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de marzo de 2011 se viabilizó una coalición internacional que intervino para detener la matanza los que protestaban contra el régimen de Qadhafi. Esta resolución complementaba una resolución anterior, la 1970, en la que se consideraban y aplicaban medidas que no contemplaban el uso de la fuerza militar.
• En el caso de Côte d’Ivoire, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el 30 de marzo de 2011 la resolución 1975 , en la que condenó las burdas violaciones de los derechos humanos cometidas por los partidarios del ex Presidente Laurent Gbagbo y del Presidente Ouattara a raíz de las elecciones presidenciales de noviembre de 2011 y autorizaba una operación militar de las Naciones Unidas para prevenir el uso de armas pesadas contra los civiles.
• En el caso del Sudán del Sur, el Consejo de Seguridad, en la resolución 1996 de julio de 2011, estableció una misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (UNMISS) que, entre otras cosas, asesora y presta asistencia al Gobierno en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger a los civiles. En febrero de 2014, el Consejo de Seguridad reiteró su firme apoyo a UNMISS y a su misión vital de proteger a la población civil de Sudán del Sur en nombre de la comunidad internacional.
• En el caso de la República Centroafricana, el Secretario General de la ONU presentó en marzo de 2014 su propuesta de establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, compuesta por unas 12.000 tropas, cuyo objetivo primordial es la protección de los civiles en este país asolado por el conflicto.
• En el caso de Siria, el Consejo de Seguridad no pudo llegar a acuerdo sobre una resolución en la que se pedía al Gobierno de Siria que pusiese fin a la violencia contra los civiles y retirara sus fuerzas armadas de ciudades y pueblos en febrero de 2012.

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(02:02:16)

De la prevención a la protección — La Convención sobre Genocidio 65 años después — Panel de discusión.

(00:03:59)

Convención sobre el genocidio — Entrevista con Raphael Lemkin, abogado polaco que acuñó el término "genocidio" en 1944.

(00:03:11)

Nunca más — Entrevista a Adama Dieng, Asesora Especial en Prevención del Genocidio.

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Antecedentes sobre la responsabilidad de proteger

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Surgimiento del concepto

Debate sobre el derecho a la "intervención humanitaria" (decenio de 1990)

A raíz de las tragedias de Rwanda y los Balcanes en los años noventa, la comunidad internacional comenzó a debatir seriamente sobre cómo reaccionar con eficacia cuando los derechos humanos de los ciudadanos son objeto de violaciones graves y sistemáticas. Lo fundamental de esta cuestión es si los Estados tienen soberanía incondicional sobre sus asuntos o si la comunidad internacional tiene el derecho de intervenir en un país con fines humanitarios.

En su Informe de 2000 sobre el Milenio el entonces Secretario General Kofi Annan, recordando que el Consejo de Seguridad no había actuado con decisión en Rwanda y en la ex Yugoslavia, ponía a los Estados Miembros ante la disyuntiva siguiente: "Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Rwanda o Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común?".

De la intervención humanitaria a la responsabilidad de proteger (2001)

La expresión «responsabilidad de proteger» apareció por primera vez en el informe de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados (ICISS), establecida por el Gobierno del Canadá en diciembre de 2001. La Comisión se había establecido atendiendo a una pregunta de Kofi Annan sobre si la humanidad debía intervenir con fines humanitarios. En su informe, "La Responsabilidad de Proteger" se llegó a la conclusión de que la soberanía no solo daba al Estado el derecho de «controlar» sus asuntos, sino que le confería la «responsabilidad» primordial de proteger a la población dentro de sus fronteras. También proponía que cuando un Estado no protegiese a su población, ya fuera por falta de capacidad o de voluntad, la comunidad internacional en general asumiera esa responsabilidad.

Informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio (2004)

En 2004, el Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio , establecido por el Secretario General Kofi Annan, hizo suya la norma que acababa de plantearse acerca de la responsabilidad de proteger, a menudo denominada «R de P», y dijo que se trataba de una responsabilidad colectiva internacional, ‘ejercida por el Consejo de Seguridad por la que se autorizaba la intervención militar como último recurso en caso de genocidio y otras matanzas en gran escala, limpieza étnica y graves violaciones del derecho humanitario, que los gobiernos soberanos hubiesen demostrado no poder o no querer evitar». El grupo propuso los criterios básicos que legitimarían la autorización del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluida la gravedad de la amenaza, el hecho de que debe ser el último recursos, y la proporcionalidad de la respuesta.

Informe del Secretario General: Un concepto más amplio de la libertad (2005)

En su informe "Un concepto más amplio de la libertad" el Secretario General Kofi Annan «estuvo muy de acuerdo» con el criterio expresado por el Grupo de alto nivel y propuso que, para autorizar el uso de la fuerza en general se aplicase una lista de los criterios propuestos, que incluyesen la gravedad de la amenaza, la proporcionalidad y la posibilidad de éxito.

Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (2005)

En la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas , celebrada en septiembre de 2005, todos los Estados Miembros aceptaron oficialmente la responsabilidad de cada Estado de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. En la Cumbre, los dirigentes mundiales acordaron también que cuando un Estado no cumpla esa responsabilidad, todos los Estados (la "comunidad internacional") tendrán la responsabilidad de ayudar a proteger a la población amenazada de esos crímenes. La comunidad internacional deberá estar dispuesta a adoptar medidas colectivas "de manera oportuna y decisiva", por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en cada caso concreto y en cooperación con las organizaciones regionales pertinentes, cuando proceda, si los medios pacíficos, que incluyen los diplomáticos, humanitarios y de otra índole, resultan inadecuados y "es evidente" que las autoridades nacionales no protegen a su población.

En la práctica

La primera vez que el Consejo de Seguridad se refirió oficialmente a la responsabilidad de proteger fue en abril de 2006, en la resolución 1674 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados. El Consejo de Seguridad se remitió a esa resolución en agosto de 2006, al aprobar la resolución 1706 por la que se autorizaba el despliegue de las tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en Darfur (Sudán). Recientemente, la responsabilidad de proteger ha figurado en un lugar destacado en algunas resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad:

Libia (2011)

Tras los ataques sistemáticos y generalizados del régimen de la Jamahiriya Árabe Libia (para decirlo brevemente: Libia) contra la población civil, el 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1970 , en la que se hizo referencia explícita a la responsabilidad de proteger. Deplorando lo que denominó "la violación burda y sistemática de los derechos humanos" en una Libia devastada por los conflictos, el Consejo de Seguridad exigió que se pusiera fin a la violencia, "recordando a las autoridades libias su responsabilidad de proteger a su población" y le impuso un conjunto de sanciones internacionales. El Consejo decidió también remitir la situación al Tribunal Penal Internacional.

En la resolución 1973 , aprobada el 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad exigió la cesación inmediata del fuego en Libia, incluso el fin de los constantes ataques contra la población civil, que, según dijo, podían constituir "crímenes de lesa humanidad". El Consejo autorizó a los Estados Miembros a adoptar "todas las medidas necesarias" para proteger a la población civil bajo amenaza de ataque en el país, aunque excluyó la posibilidad de que una fuerza extranjera ocupase de alguna forma alguna parte del territorio libio. Algunos días después, en aplicación de la resolución, los aviones de la OTAN iniciaron sus ataques contra las fuerzas de Qadhafi.

Côte d’Ivoire (2011)

En respuesta al incremento después de las elecciones de la violencia contra la población de Côte d’Ivoire a finales de 2010 y principios de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1975 de 30 de marzo de 2011, en la que condenaba las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por los partidarios del ex Presidente Laurent Gbagbo y del Presidente Ouattara, que ganó las elecciones. En la resolución se citaba «la responsabilidad primordial de cada Estado de proteger a la población civil», se pedía el inmediato traspaso de poder al Presidente Ouattara y se reafirmaba que la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (UNOCI) podría utilizar «todos los medios necesarios para proteger la vida y los bienes». En un esfuerzo para proteger a la población de Côte d’Ivoire frente a nuevas atrocidades, la UNOCI inició el 4 de abril de 2011 una operación militar y la ocupación del poder por el Presidente Gbagbo terminó el 11 de abril cuando las fuerzas del Presidente Ouattara lo detuvieron tras varios días de combate con la UNOCI y los militares franceses. En noviembre de 2011, el presidente Gbagbo fue transferido al Tribunal Penal Internacional acusado de crímenes contra la humanidad por perpetrado indirectamente asesinatos, violaciones, persecuciones y otros actos inhumanos. El 26 de julio de 2012, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2062 que renovó el mandato de UNOCI hasta el 31 de julio de 2013.

Sudán del Sur (2011)

El 8 de julio de 2011, el Consejo de Seguridad, en la resolución 1996 , estableció la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS), encargada, entre otras cosas, de asesorar y prestar asistencia al gobierno en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger a la población civil. Sudán del Sur se convirtió oficialmente en país independiente el 9 de julio de 2011, culminación de un proceso posibilitado por un acuerdo de paz en 2005 que puso fin a una prolongada guerra civil. En diciembre de 2013, estallaron los enfrentamientos entre las fuerzas progubernamentales y las de la oposición. Como consecuencia, aproximadamente 706.000 personas fueron desplazadas, de las cuales unas 77.000 buscaron refugio en las bases de UNMISS. En febrero de 2104, el Consejo de Seguridad reiteró su firme apoyo a UNMISS y a sus objetivos prioritarios: proteger en nombre de la comunidad internacional a la población civil en Sudán del Sur, incluyendo el personal extranjero; y evaluar e investigar la situación de los derechos humanos, así como facilitarle asistencia a la población necesitada.

Los violentos enfrentamientos étnicos entre los lou nuer y los murle del estado Jonglei en Sudán del Sur se intensificaron en diciembre de 2011. El 5 de julio de 2012, el Consejo adoptó la resolución 2057 que renovó el mandato de UNMISS hasta julio de 2013.

Yemen (2011)

El 21 de octubre de 2011, en la resolución 2014 se condenó a las autoridades yemeníes por las violaciones de los derechos humanos y se alentó el inició de un proceso político inclusivo de transición de poder dirigido por los yemeníes, que abarcó la celebración de elecciones presidenciales anticipadas. En esta resolución se recordaba explícitamente al Gobierno del Yemen "la responsabilidad primordial de proteger a su población".

Siria (2012)

El Secretario General Ban Ki-moon ha subrayado la urgente necesidad de encontrar una solución política a la crisis en Siria, que en estos tres últimos años se ha cobrado la vida de más de 100.000 personas y ha creado una terrible crisis humanitaria. Ha pedido a la región y a la comunidad internacional, en particular al Consejo de Seguridad, que unan sus posiciones y respalden los esfuerzos del representante especial de la ONU y la Liga Árabe, Lakhdar Brahimi, para ayudar al pueblo sirio a encontrar una solución política al conflicto.

Tanto la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos condenaron enérgicamente las constantes violaciones «generalizadas y sistemáticas» de los derechos humanos por las autoridades sirias y exigieron que ese Gobierno de ese país pusiese fin de inmediato a toda la violencia y protegiese a su población. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos refiriéndose a la situación en Siria ante el Tribunal Penal Internacional recomendó e instó al Consejo de Seguridad a que asumiera su responsabilidad de proteger a la población de Siria.

"El gobierno de Siria no está protegiendo a su población", declaró el Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio , Adama Dieng, en un comunicado en diciembre de 2012. "La comunidad internacional debe actuar basándose en el compromiso alcanzado por los jefe de Estado y de Gobierno en la cumbre mundial de 2005 para proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas y los crímenes contra la humanidad", dijo Dieng.

República Centroafricana (2013)

El conflicto en la República Centroafricana se inició con los ataques de los rebeldes Seleka en diciembre de 2012, que ha ido progresivamente tomando más tintes sectarios, principalmente desde que las milicias cristianas se alzaron en armas. El 10 de octubre de 2013, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2121, recalca que “las autoridades de la República Centroafricana son las principales responsable de proteger a la población civil y garantizar la seguridad y la unidad en su territorio” y destaca “la obligación que les incumbe de velar por que se respeten el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados”. En marzo de 2014, el Secretario General presentó su propuesta de establecimiento de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU, compuesta por unas 12.000 tropas, en este país.

Informes del Secretario General

Hacer efectiva la responsabilidad de proteger (2009)

Sobre la base del documento final de la Cumbre Mundial de 2005 , en un informe de 2009 del Secretario General se esbozaba una estrategia que giraba en torno a los tres pilares de la responsabilidad de proteger :

1. El Estado tiene la responsabilidad primordial de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad y de la incitación a cometerlos;
2. Corresponde a la comunidad internacional alentar a los Estados a que cumplan esta responsabilidad y prestarles asistencia al respecto;
3. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados para proteger a la población contra esos crímenes. Si es evidente que un Estado no está protegiendo a su población, la comunidad internacional debe estar dispuesta a adoptar medidas colectivas para proteger a esa población de conformidad con la Carta de las naciones Unidas.

En la estrategia se subrayaba el valor de la prevención y, cuando esta fracasa, de una respuesta pronta y flexible adaptada a las circunstancias específicas de cada caso. En el informe se subraya que ninguno de los pilares es más importante que el otro y que no es necesario que se apliquen consecutivamente.

Alerta temprana y evaluación y la responsabilidad de proteger (2010)

En el informe del Secretario General sobre alerta temprana, evaluación y la responsabilidad de proteger se señalaron deficiencias y se propusieron maneras de aumentar la capacidad de las Naciones Unidas para utilizar con más eficacia las señales de alerta, incluso la información de las operaciones sobre el terreno y responder mejor de manera oportuna, flexible y equilibrada dondequiera que haya riesgo de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o depuración étnica.

El papel de los acuerdos regionales y subregionales (2011)

En un informe del Secretario General de 2011 se hacía hincapié en la necesidad de establecer una colaboración mundial-regional eficaz para ayudar a asumir la responsabilidad de proteger. En el informe se señalaban deficiencias y se proponían maneras para que las Naciones Unidas aumenten su cooperación y aprovechen la información y los análisis de los acuerdos regionales y subregionales para detectar indicios de peligro y emprender o apoyar medidas preventivas oportunas y eficaces a nivel subregional, regional o mundial. Además de insistir en que el principio de proteger es universal y en que cada región "debe avanzar", en el informe se reconoce que "cada región llevará a la práctica el principio a su propio ritmo y a su propia manera".

Responsabilidad de proteger: respuesta contundente y oportuna (2012)

El cuarto informe del Secretario General sobre la responsabilidad de proteger, presentado en septiembre de 2012, examinó la idea de «una respuesta contundente y oportuna» cuando un Estado no protege a su población, incluidas las herramientas y los socios disponibles, y la estrecha relación entre prevención y respuesta.

Responsabilidad del Estado y prevención (2013)

El quinto informe del Secretario General sobre la responsabilidad de proteger, publicado en agosto de 2013, se centra en la prevención. El objetivo del informe es analizar y proponer estrategias que puedan ayudar a los Estados a cumplir con su responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y la limpieza étnica.

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Entrevista con Jennifer Welsh, Asesora Especial de la ONU sobre la Responsabilidad de Proteger.

Los asesores especiales del Secretario General

En 2004, el Secretario General de las Naciones Unidas nombró al primer Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio , Juan Méndez, al que le sucedió Francis Deng en 2007 y Adama Dieng en 2012. El Asesor Especial es responsable de:

• reunir información sobre violaciones masivas y graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario;
• actuar como mecanismo de alerta anticipada del Secretario General, y por su conducto del Consejo de Seguridad;
• formular recomendaciones al Consejo de Seguridad, por medio del Secretario General, sobre algunas medidas para prevenir o detener el genocidio;
• y establecer contactos con el sistema de las Naciones Unidas sobre actividades para la prevención del genocidio.

En 2008, el Secretario General nombró a Edward Luck su Asesor Especial sobre la responsabilidad de proteger . En junio de 2013, Jennifer Welsh sucedió al Sr. Luck en el puesto. El Asesor Especial es responsable de seguir desarrollando y perfeccionando el concepto y continuar el diálogo político con los Estados Miembros y otros interesados directos sobre nuevas medidas encaminadas a la aplicación.

La oficina común de Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger tiene el mandato de preservar y fortalecer los acuerdos existentes, incluso en relación con la creación de capacidad y la reunión y el análisis de la información que se recibe del exterior, al tiempo que añade su valor propio en cuanto a los nuevos acuerdos para la promoción de la defensa, la evaluación intersectorial, la política común y la acumulación de conocimientos sobre cómo prever y prevenir las crisis y darles respuesta adecuada en relación con la responsabilidad de proteger.

Antecedentes sobre la violencia sexual, como un instrumento de guerra

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Es mucho más probable que las víctimas de un conflicto armado moderno sean civiles y no soldados. Según la Iniciativa de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos armados, la inmensa mayoría de las víctimas de las guerras de nuestros días son civiles, principalmente mujeres y niños. Las mujeres en particular pueden enfrentar formas devastadoras de violencia sexual, que se aplican a veces sistemáticamente para lograr objetivos militares o políticos.

Las violaciones cometidas durante la guerra suele tener la intención de aterrorizar a la población, causar rupturas en las familias, destruir a las comunidades y, en algunos casos, cambiar la composición étnica de la siguiente generación. A veces se utiliza también para infectar deliberadamente a las mujeres por VIH o causar la infecundidad entre las mujeres de la comunidad que se pretende destruir.

En Rwanda, entre 100.000 y 250.000 mujeres fueron violadas durante los tres meses de genocidio en 1994.

Los organismos de las Naciones Unidas calculan que más de 60.000 mujeres fueron violadas durante la guerra civil en Sierra Leona (1991-2002), más de 40.000 en Liberia (1989-2003), hasta unas 60.000 en la ex Yugoslavia (1992-1995) y al menos 200.000 en la República Democrática del Congo desde 1998.

Incluso después de que concluyera el conflicto, persisten los efectos de la violencia sexual en la forma de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y estigmatización. La violencia sexual generalizada de por sí puede continuar o incluso incrementarse después de un conflicto como consecuencia de la inseguridad y la impunidad. Y para atender a las necesidades de los sobrevivientes, que incluyen atención médica, tratamiento del VIH, apoyo psicológico, asistencia económica y las vías jurídicas de reparación, hacen falta recursos que no tienen muchos de los países que acaban de salir de un conflicto.

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Ocurrió durante el genocidio de 1994 en Rwanda, una violencia brutal y generalizada. Los horrores que ocurrieron dejaron un legado devastador que todavía se siente en todo el país. Más de una década después, las Fuerzas de Defensa de Rwanda (RDF, por sus siglas en inglés) calificaron a este tipo de violencia como una amenaza importante para la seguridad nacional.

Reconocimiento de la violencia sexual como delito internacional

Durante siglos, la violencia sexual en los conflictos se aceptaba tácitamente como inevitable. Un informe de las Naciones Unidas de 1998 sobre la violencia sexual y los conflictos armados señala que, históricamente, los ejércitos consideraban la violación uno de los botines de guerra legítimos. Durante la segunda guerra mundial, todas las partes en el conflicto fueron acusadas de violaciones masivas, sin embargo ninguno de los dos tribunales establecidos por los países aliados vencedores para enjuiciar presuntos crímenes de guerra, el de Tokio y el de Nuremberg, reconoció el delito de violencia sexual.

No fue hasta 1992, ante la generalización de la violación de mujeres en la ex Yugoslavia, que la cuestión fue señalada a la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 18 de diciembre de 1992, el Consejo declaró que «las detenciones y las violaciones sistemáticas, masivas y organizadas de mujeres, en particular mujeres musulmanas, en Bosnia y Herzegovina» era un delito internacional que debía abordarse.

Posteriormente, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (ICTY, 1993) se incluyó la violación como crimen de lesa humanidad, junto con otros delitos como la tortura y el exterminio, cuando se cometen en conflictos armados y van dirigidos contra una población civil. En 2001, el ICTY se convirtió en el primer tribunal internacional que halló culpable a un acusado de violación como crimen de lesa humanidad. Además, el Tribunal amplió la definición de esclavitud como crimen de lesa humanidad para incluir la esclavitud sexual. Con anterioridad, el trabajo forzoso era el único tipo de esclavitud considerado crimen de lesa humanidad.

El Tribunal Penal Internacional para Rwanda (ICTR, 1994) declaró también que la violación era un crimen de guerra y de lesa humanidad. En 1998, el ICTR se convirtió en el primer tribunal internacional que halló culpable a un acusado de cometer violación como crimen de genocidio (utilizado para perpetrar el genocidio): En el juicio contra un ex alcalde, Jean-Paul Akayesu, se determinó que la violación y el asalto sexual constituían actos de genocidio por cuanto se habían cometido con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, al grupo étnico tutsi.

En el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, que funciona desde julio de 2002, se entiende por crimen de lesa humanidad la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada u "otros abusos sexuales de gravedad comparable" cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático. Las órdenes de detención emitidas por el Tribunal Penal Internacional incluyen varios cargos de violación como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.

A pesar de que los cambios en las leyes nacionales e internacionales constituyen importantes pasos de avance para castigar y erradicar la violencia sexual, su éxito será imposible de lograr sin un cambio radical en la actitud de las personas hacia el abuso sexual de las mujeres.

"En estos momentos, la mujer que es violada es estigmatizada y excluida por esa razón", dice el Dr. Denis Mukwege Mukengere, director del hospital Panzi en Bukavu (República Democrática del Congo). "Leyes aparte, tenemos que lograr que la sanción social sea favorable a la mujer. Tenemos que llegar a un punto en que la víctima reciba el apoyo de la comunidad y el violador sea estigmatizado, excluido y castigado por toda la comunidad".

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha hecho mucho en los últimos años para ayudar a crear conciencia y desencadenar la acción contra la violencia sexual en los conflictos:

• En la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad instó a los Estados Miembros a que velasen por que aumentara la participación de la mujer en la «prevención y solución de conflictos» y en el «mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad». En la resolución se pedía a las partes en un conflicto armado que cumplan los tratados internacionales que protegen los derechos civiles de las mujeres y las niñas e incorporen las políticas y procedimientos que protegen a las mujeres de delitos por motivo de género, como la violación y la agresión sexual.
• En la resolución 1820 (2008) del Consejo de Seguridad se exige que se ponga fin a todos los actos brutales de uso de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas como táctica de guerra y a la impunidad de los perpetradores. Se pedía al Secretario General y a las Naciones Unidas que brindara protección a las mujeres y a las niñas en los esfuerzos por lograr la seguridad encabezados por las Naciones Unidas, incluso en los campamentos de refugiados, e invitaran a las mujeres a participar en todos los aspectos del proceso de paz.
• En la resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad se detallaban las medidas para seguir protegiendo a las mujeres y a los niños de la violencia sexual en situaciones de conflicto, como pedir al Secretario General que nombrara un representante especial encargado de dirigir y coordinar la labor de las Naciones Unidas al respecto, enviase un equipo de expertos para examinar situaciones de interés particular y otorgara al personal de mantenimiento de la paz el mandato de proteger a las mujeres y a los niños.
• La resolución 1889 (2009) del Consejo de Seguridad reafirmó la resolución 1325, se condenó la violencia sexual constante contra las mujeres en situaciones de conflicto e instó a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y la sociedad civil a que consideraran la necesidad de protección de la mujer y las niñas y de su empoderamiento, incluidas las que estuviesen relacionadas con grupos armados, en la programación posterior a los conflictos.
• En la resolución 1960 (2010) del Consejo de Seguridad se pidió al Secretario General que incluyese información detallada de las partes sobre las que pesaran sospechas fundadas de haber cometido o ser responsables de actos de violencia sexual en situaciones sometidas al examen del Consejo También se pidió el establecimiento de disposiciones sobre vigilancia, análisis y presentación de informes sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos.
• La resolución 2106 (2013) del Consejo de Seguridad está dirigida a fortalecer la vigilancia y la prevención de la violencia sexual en los conflictos.
• La resolución 2122 (2013) del Consejo de Seguridad reiteró la importancia de la participación de las mujeres en la prevención y la resolución de los conflictos, y en la construcción de la paz.

La ONU en acción — Iniciativa de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos armados

En 2007, la actividad de diversos organismos de las Naciones Unidas para luchar contra la violencia sexual quedó agrupada en una sola: la Iniciativa de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos armados , que unificó la labor de 13 organismos de las Naciones Unidas. Se trata de un esfuerzo concertado del sistema de las Naciones Unidas para mejorar la coordinación y la rendición de cuentas, ampliar la programación y la labor de promoción y apoyar los esfuerzos de los países para prevenir la violencia sexual y responder con eficacia a las necesidades de los sobrevivientes.

La Iniciativa de las Naciones Unidas ha apoyado, por ejemplo, el diseño y la aplicación de la Estrategia general de lucha contra la violencia sexual en la República Democrática del Congo , que no tiene precedentes, así como del Programa conjunto del Gobierno y las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en Liberia.

Financiada por el Organismo de ayuda del Gobierno de Australia (AusAID), la Iniciativa de las Naciones Unidas ha documentado también, junto con el Departamento de Operaciones de Paz y la Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos , las mejores prácticas de mantenimiento de la paz en la búsqueda de soluciones a la violencia sexual relacionada con los conflictos. Desde iniciar patrullas para proteger a las recolectoras de leña en Darfur hasta establecer escoltas para ir al mercado, patrullas nocturnas y sistemas de alerta anticipada en la República Democrática del Congo, el Inventario analítico de la práctica del mantenimiento de la paz constituye un catálogo de los esfuerzos directos e indirectos para luchar contra la violencia sexual durante la guerra y después de la guerra.

Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres

En 2008, el Secretario General Ban Ki-moon lanzó Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres — campaña para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todas partes del mundo, en tiempo de paz y de guerra. La campaña reúne a un conjunto de organismos de las Naciones Unidas y aúna fuerzas con particulares, la sociedad civil y los gobiernos para poner fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas.

La Representante Especial del Secretario Generale

En 2010, tras la aprobación de la resolución 1888 del Consejo de Seguridad , el Secretario General nombró a Margot Wallström Representante Especial del Secretario General sobre la violencia sexual en los conflictos. Le sucedió en septiembre de 2012, Zainab Hawa Bangura. La función de la Representante Especial es proporcionar dirección coherente y estratégica y promover la cooperación y la coordinación por medio de la Iniciativa de las Naciones Unidas.

Cuando asumió sus funciones, la Sra. Bangura, ex ministra de Sanidad de Sierra Leona, definió las seis prioridades de su mandato:

• poner fin a la impunidad de los responsables y buscar justicia para las víctimas;
• proteger y empoderar a la población civil que se enfrenta a la violencia sexual en los conflictos, en particular a las mujeres y niñas, principales víctimas de estos crímenes;
• movilizar a los dirigentes políticos sobre esta cuestión;
• reforzar la coordinación y asegurar una respuesta más coherente del sistema de Naciones Unidas;
• aumentar el reconocimiento de la violencia sexual como táctica y consecuencia de los conflictos;
• y resaltar la responsabilidad nacional y el liderazgo en la lucha para acabar con este flagelo.

Informe Anual del Secretario General

El último informe del Secretario General sobre violencia sexual en los conflictos se presentó al Consejo de Seguridad el 14 de marzo de 2013. En el informe se revisan 22 zonas de conflicto, entre las que se incluye Malí por primera vez, y se presenta información acerca de las partes que conflicto sospechosas de haber cometido, o de ser responsables, de violaciones u otras formas de violencia sexual. El informe también insiste en la urgencia de garantizar que las cuestiones relativas a la violencia sexual se incluyan, de forma explícita y sistemática, en los procesos y los acuerdos de paz, en la reforma del sector de la seguridad y en las fases de desarme, desmovilización y reintegración en las que participe la ONU.

El informe de 2012, "Violencia sexual relacionada con los conflictos: informe del Secretario General , cita por su nombre y por primera vez algunas de las fuerzas militares, milicias y otros grupos armados de los que se sospecha que han sido los peores transgresores. Los grupos enumerados en el informe son el Ejército de Resistencia del Señor en la República Centroafricana y en el Sudán del Sur, los grupos armados de la milicia y las antiguas fuerzas armadas de Côte d’Ivoire y grupos armados y elementos de las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo.

El informe también ofrece ejemplos de la manera en que la violencia sexual ha amenazado la seguridad e impedido establecer la paz en situaciones posteriores a los conflictos como en el Chad, la República Centroafricana, el Nepal, Sri Lanka, Timor-Leste, Liberia, Sierra Leona y Bosnia y Herzegovina, y cómo se le ha utilizado en el contexto de las elecciones, las contiendas políticas y alteraciones del orden en Egipto, Guinea, Kenya y Syria, entre otros.

Notas de antecedentes - Otros

Marco de Análisis de los Crímenes Atroces

Una herramienta para la prevención

Atrocity crimes are considered to be the most serious crimes against humankind. Their status as international crimes is based on the belief that the acts associated with them affect the core dignity of human beings.

All of us have a responsibility to ask ourselves what we can do to protect populations from the most serious international crimes: genocide, crimes against humanity and war crimes. These crimes continue to be perpetrated in many places across the world. Although calls for accountability are now the norm when such crimes are committed, impunity is all too common. We can and must do more, much earlier, to save lives and prevent societies from collapsing and descending into horrific violence.

Framework of Analysis [PDF 3.8 MB]

When to Refer to a Situation as "Genocide"

Guidance Note

The question is sometimes asked as to whether specific events, past or present, can be referred to as “genocide.” It is important to adhere to the correct usage of the term, for several reasons; (i) the term is frequently misused in reference to large scale, grave crimes committed against particular populations; (ii) the emotive nature of the term and political sensitivity surrounding its use; and (iii) the potential legal implications associated with a determination of genocide.

This note aims to provide guidance on the use of the term “genocide,” based primarily on legal rather than historical or factual considerations.

Genocide [PDF 0.6 MB]

Plan of Action for Religious Leaders

Religious leaders can play a particularly important role in influencing the behaviour of those who share their beliefs. Unfortunately, religion has sometimes been misused to justify incitement to violence and discrimination, and it is vital that religious leaders from all faiths show leadership.

This Plan of Action, the result of two years of consultations with leaders from different faiths and religions around the world, includes a rich and broad range of suggestions for ways in which religious leaders and actors can prevent incitement to violence and contribute to peace and stability. All religions teach respect for life, and recognize human beings as fundamentally equal. These principles summon us to show respect for all human beings, even those with whom we might profoundly disagree or whose cultures might seem most alien to us

Plan of Action [PDF 11.2 MB]